La Ley de Alivio Financiero en 2026: estrategias legales ante el fin de los períodos de gracia

El inicio de 2026 marca un punto crítico para la economía de miles de familias y empresas en el Ecuador. Con la aplicación de la Ley Orgánica de Alivio Financiero, los períodos de gracia y las moratorias técnicas otorgadas en los últimos años comienzan a llegar a su fin, dando paso a una nueva etapa que exige decisiones jurídicas oportunas y estratégicas.

Para muchos, el alivio financiero representó un respiro necesario. Para otros, fue el inicio de una cuenta regresiva que hoy se traduce en obligaciones exigibles. Durante los últimos meses, las instituciones financieras y diversas entidades públicas aplicaron mecanismos de diferimiento de pagos; sin embargo, una vez vencidos estos plazos, los saldos acumulados y, según el caso, los intereses correspondientes vuelven a ser plenamente exigibles.

Es fundamental comprender que el denominado “alivio financiero” no constituyó una condonación de deudas, sino una reprogramación temporal. En consecuencia, el riesgo de incurrir en mora patronal, civil o bancaria es real y puede derivar de manera inmediata en procesos coactivos o juicios ejecutivos.

Mediación: una herramienta clave en 2026

En el marco de la Ley de Alivio Financiero, se ha fortalecido el uso de los Centros de Mediación como una alternativa legal eficaz para enfrentar el vencimiento de las obligaciones. Esta se perfila como una de las herramientas más relevantes para los deudores en 2026.

Un acta de mediación tiene el mismo efecto jurídico que una sentencia ejecutoriada. Permite renegociar plazos, tasas de interés y formas de pago dentro de un entorno controlado, con plena validez legal, y puede evitar que las entidades financieras inicien procesos de embargo o ejecución forzosa.

Deudas con el sector público y procesos coactivos

Para quienes mantienen obligaciones con el sector público como el IESS, el SRI o instituciones municipales y administrativas, el fin del alivio financiero suele venir acompañado del inicio de procesos coactivos.

La normativa vigente permite presentar excepciones a la coactiva cuando se detectan vicios en la notificación o errores en la liquidación de la deuda. En este escenario, la asesoría jurídica especializada no es una opción secundaria, sino la principal defensa para proteger el patrimonio personal o empresarial frente a medidas cautelares como la retención de cuentas, el embargo de vehículos o inmuebles.

Actuar a tiempo es la mejor estrategia

El mayor error ante el fin de la Ley de Alivio Financiero es el silencio. Las instituciones financieras y el Estado operan mediante sistemas automatizados de cobranza, lo que reduce los márgenes de negociación una vez iniciados los procesos legales.

La intervención temprana de un equipo legal especializado permite analizar cada caso, humanizar la deuda y diseñar salidas jurídicas que protejan el historial crediticio y los bienes del deudor. En un escenario post-alivio financiero, la prevención y la estrategia legal son las claves para preservar la estabilidad económica y patrimonial.